Hace ya años que la comunidad educativa traslada a la sociedad y a los responsables políticos una realidad preocupante. Sostener un aula de secundaria con 30 alumnos es cada vez más difícil cuando una parte significativa del grupo presenta necesidades educativas específicas. Antes de ser alumnado con TDAH, TEA, dislexia o dificultades emocionales, fueron alumnos sin diagnóstico psicológico. Y de esto hay que hablar, porque es una realidad que debe ser atendida.
El proceso suele repetirse con demasiada frecuencia, aunque no siempre. El tutor o tutora, a partir de las observaciones del profesorado y de las evaluaciones del equipo docente, sugiere una valoración por parte del orientador o psicólogo del centro.
Este profesional no realiza diagnósticos clínicos. No es su función ni su competencia. Su labor consiste en detectar indicios y orientar a la familia para que acuda al sistema sanitario, público o privado. El objetivo es obtener un diagnóstico psicológico o psiquiátrico oficial.
A partir de aquí, el sistema exige dos procesos que van de la mano. En la práctica, resultan inseparables:
1. La obtención del diagnóstico clínico.
2. La conciliación laboral necesaria para poder acudir a las citas médicas.
Y aquí empiezan los problemas. En realidad, tres problemas enormes.
Con mucha frecuencia, el alumnado con mayores dificultades educativas procede de familias en situación de vulnerabilidad social, económica o laboral. Recuerdo especialmente el caso de un alumno con claros rasgos del espectro autista que pasó años sin diagnóstico.
Vivía únicamente con su madre. El padre se había desentendido por completo. Ella cuidaba de sus padres enfermos y encadenaba tres trabajos relacionados con los cuidados de otras personas.
Este tipo de situaciones no son excepcionales.
Se repiten en empleos vinculados a los cuidados, la limpieza, la hostelería, el comercio o la atención al público. También en trabajos con turnos rotatorios o contratos precarios. Y, además, entre personas autónomas que no pueden ausentarse sin perder ingresos.
Son relevantes. El acceso al diagnóstico depende, en gran medida, de la capacidad real de la familia para reorganizar su vida laboral y personal.
El primer paso es conseguir cita con el médico de cabecera, que es quien solicita la derivación al especialista. Existe la opción privada. La mayoría de estas familias no dispone de recursos económicos suficientes para asumirla. Por eso dependen del sistema público de salud.
El problema es que la atención psicológica y psiquiátrica infanto-juvenil en la sanidad pública está estructuralmente saturada. Aunque la derivación desde el centro educativo suele considerarse prioritaria, los plazos rara vez bajan de los quince días.
En muchos casos, además, las familias reciben la llamada cuando se libera un hueco. No existe una posibilidad real de elegir fecha u hora.
Esto, de por sí, ya es complicado. Pero aún falta el tercer problema.
No todas las familias viven cerca de un centro sanitario. En coche, una visita puede suponer 20 o 25 minutos; en transporte público, fácilmente una hora por trayecto.
A esto hay que sumar los retrasos habituales en las consultas. El resultado es que una cita médica puede ocupar tres o más horas de un día laboral.
Puede parecer un detalle menor, pero no lo es cuando cada hora de trabajo cuenta.
Para acudir a la primera cita, los responsables legales del alumno o alumna deben pedir permiso en su trabajo. Si su empleo está relacionado con el cuidado de otras personas, no basta con ausentarse. Alguien tiene que cubrir esa ausencia.
Esto implica que otras familias también deban reorganizarse y solicitar permisos laborales.
Si no se puede garantizar esa cobertura, la cita se cancela y se solicita otra. Y vuelta a empezar.
Tras la visita al médico de cabecera llega la derivación al especialista. El sistema asigna la fecha de manera automática. No existe posibilidad de adaptarla a la conciliación familiar. Si ya era difícil cuadrar la primera cita, la segunda lo es aún más.
Mientras tanto, el curso avanza.
El alumno o alumna presenta dificultades compatibles con un trastorno del neurodesarrollo. No existe diagnóstico clínico oficial. Legalmente, los centros pueden aplicar medidas ordinarias de apoyo sin diagnóstico.
Sin embargo, en la práctica, muchas actuaciones específicas se bloquean o se retrasan porque requieren informes oficiales para su justificación administrativa.
Cuando finalmente se obtiene el diagnóstico, llegan también las revisiones. Revisiones que muchas familias no pueden mantener con regularidad debido a exactamente los mismos obstáculos.
Y aquí surgen preguntas que, aunque incómodas, son necesarias:
¿Qué razones impiden que los especialistas sanitarios se desplacen a los centros educativos?
¿Cuál es el motivo de que no se habiliten espacios seguros ni horarios compatibles con la jornada laboral de las familias?
¿A qué se debe la ausencia de equipos especializados por etapas educativas que trabajen de forma coordinada con los institutos?
No es lo mismo evaluar a un niño de primaria que a un adolescente de 14 o 16 años. La evidencia científica muestra que la detección temprana y el acompañamiento continuado mejoran el pronóstico académico, social y emocional del alumnado.
Organismos como la OMS, la OCDE o el Consejo Escolar del Estado llevan años advirtiendo de la falta de coordinación real entre los sistemas educativo y sanitario.
En los centros educativos existen orientadores y psicólogos que realizan evaluaciones psicopedagógicas y acompañan al alumnado y a las familias. Sin embargo, no pueden emitir diagnósticos clínicos. Su función es generalista, preventiva y educativa.
El problema aparece cuando el sistema convierte el diagnóstico clínico en un requisito burocrático imprescindible para activar determinados apoyos.
El resultado es el de siempre: alumnado que necesita un diagnóstico psicológico y pasa años sin tenerlo. Familias agotadas. Profesorado desbordado.
Y un sistema que exige documentación para ayudar, pero coloca obstáculos constantes para obtenerla.
La conciliación entre centro educativo, centro médico y familia es, en la práctica, deficiente y desigual. No porque falte voluntad, sino porque el modelo está lleno de barreras.
Y sí: es profundamente agotador intentar sostener este proceso en la enseñanza secundaria. Agotador para las familias, para el profesorado y, sobre todo, para el alumnado, que es quien acaba pagando el precio más alto.
© Alba de Alba. 2023
